VULNERABILIDAD,SOSTENIBILIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE CONSUMO

Las relaciones de consumo son en la actualidad mucho más complejas y heterogéneas que las que plantearon, en el momento inicial, la necesidad de una legislación civil especial de protección de las personas consumidoras. La publicación analiza varios aspectos relacionados con el estadio actual del Derecho contractual de consumo y plantea la necesidad de hacerlo evolucionar mediante su reformulación a partir de tres paradigmas clave: la vulnerabilidad, la sostenibilidad y la efectividad, sobre los que se estructura la obra.
En su primer bloque, la obra plantea la necesidad de delimitar la categoría de consumidor vulnerable y examina supuestos concretos de especial vulnerabilidad en el sector eléctrico, en el entorno digital y en la contratación de servicios financieros, analizando instrumentos normativos como las Directivas 2000/43/CE, 2004/113/CE, 2014/17/UE, 2021/2167 o 2023/2225, entre otras. Se destaca la necesidad de una ponderación casuística y de una protección reforzada frente a riesgos derivados de la digitalización y la inteligencia artificial. El segundo bloque examina la necesaria adaptación de la normativa de consumo para lograr los objetivos de sostenibilidad que conlleva la transición ecológica, con especial atención a las Directivas 2024/1799 y 2024/825, orientadas a fomentar la reparabilidad de bienes y la transparencia informativa, así como a la incorporación de factores ESG en la evaluación de la sostenibilidad empresarial y el uso ético de la IA. Finalmente, la monografía, en su tercer bloque, nos lleva a cuestionar la verdadera efectividad de los derechos reconocidos a los consumidores si finalmente deben hacerlos valer ante la jurisdicción ordinaria. Pone en relación cuestiones tan relevantes como la determinación de la ley aplicable a las controversias de consumo, el papel que juega el TJUE en la ampliación de las facultades del juez en ese tipo de controversias, las últimas modificaciones introducidas por la LO 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia, la existencia de nuevos tipos de conflictos en el entorno digital que plantean retos como el de la moderación de contenidos y el encaje del arbitraje de consumo como medio idóneo tanto para resolución eficaz de las conflictos de consumo como, complementariamente, para impulsar la doctrina del TJUE.