Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el derecho penal de nuestro tiempo, tanto en España como en los países de nuestro entorno, es el de sostener una protección eficaz del Patrimonio Histórico y los bienes culturales, conforme a una lectura constitucional de ambos conceptos que los asocie, ineludiblemente, con aspectos tan esenciales de nuestra convivencia como la ordenación territorial, el acceso y disfrute de la cultura, el orden socio económico o con algunos derechos fundamentales de los ciudadanos que se desprenden de su relación, individual o colectiva, con el entorno histórico en el que todos estamos inmersos.
