OBLIGACIÓN DE RESOLVER,SILENCIO ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR INACTIVIDAD

El hecho de que las Administraciones públicas resuelvan las solicitudes de los ciudadanos en el tiempo legalmente establecido resulta un tema ineludible en una época en que la incertidumbre es un agravante a cualquier situación económica.

A través de una exposición rigurosa y sistemática, desde la perspectiva del derecho comparado, este libro pone de manifiesto las diversas problemáticas que puede suscitar la aplicación del silencio administrativo, en especial el positivo, en las relaciones entre ciudadanos y Administraciones públicas. La tensión entre los principios de legalidad y seguridad jurídica que puede provocar la inactividad en el procedimiento muestra, con toda su crudeza, la necesidad de establecer mecanismos que permitan una relación entre ciudadanos y Administraciones basada en la confianza legítima y, al mismo tiempo, en la adecuada preservación de los intereses generales.

Asimismo, la posible producción de daños provocados por la inactividad de la Administración plantea la necesidad de un estudio desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas. En este aspecto, se pone de relieve el análisis sistemático de los criterios jurisprudenciales sobre los efectos de la inactividad procedimental. Su repercusión, tanto en los estándares de actuación administrativa como en las consecuencias que han podido venir soportando indebidamente los ciudadanos (ante las cargas que representa el incumplimiento de resolver el procedimiento administrativo en un plazo debido y razonable) justifica la conveniencia de este trabajo para abogados, empleados o servidores públicos.

A la luz de este estudio, el lector encontrará argumentos sólidos y útiles que, además de examinar críticamente las posiciones tradicionales, contribuyan a repensar los modelos actuales, insistiendo en la conveniencia de revalorizar la obligación de resolver el procedimiento, las garantías que éste comporta y la exigencia de una respuesta debida por parte de las Administraciones públicas.